El TSJC anula parte del PIO

El Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria acaba de ser parcialmente anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El fallo estima el recurso de Ben Magec y deja en el aire proyectos como la nueva carretera de La Aldea a Agaete y el puerto deportivo de Bahía Feliz, entre otros.

La Justicia ha anulado todas las determinaciones del Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria que la plataforma ecologista Ben Magec consideraba ilegales en el recurso que presentó contra la aprobación definitiva del PIO de 2003. El fallo de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) estima su recurso y atiende todas y cada una de sus demandas.

La sentencia deja en el aire los artículos del PIO que regulan la zonificación del suelo clasificado como Bb3 en la vega agrícola de Gáldar, los corredores viarios previstos entre Jinámar y el aeropuerto (tangencial de Telde), entre Ingenio, Agüimes y Vecindario y entre Agaete y La Aldea, los puertos deportivos turísticos de alta capacidad y en concreto el del litoral de Bahía Feliz, la ampliación del puerto de Arinaga y la extracción de arena del banco submarino situado en Pasito Blanco.

La sentencia anula todas estas determinaciones por el principio de congruencia, que impide imponer un castigo mayor que el propuesto por el denunciante, ya que en su exposición concluye que «la falta de declaración de impacto ambiental determina la nulidad del Plan Insular» grancanario.

Y es que la Sala había detectado, de oficio, que el PIOde 2003 carece de evaluación de impacto ambiental, un defecto por el que anuló este año el anteproyecto del plan territorial de carreteras del Norte. En el recurso de Ben Magec no se hacía mención alguna a esa carencia.

Aunque el Cabildo argumentó que el PIO se sometió a un tratamiento específico en materia medioambiental, «el expediente patentiza (…) la ineludible falta de declaración de impacto ambiental con su estudio evaluatorio donde se especifiquen las alternativas de la solución adoptada, propio de la naturaleza de los estudios de impacto ambiental», razona la sentencia.

Contra este fallo cabe presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, de forma que no sería firme hasta que se produzca esa otra sentencia, aunque el denunciante puede solicitar la ejecución provisional. Fuentes jurídicas consultadas apuntan que en ese supuesto las partes afectadas por la sentencia del TSJC también podrían reclamar que se exija para ello una fianza a la plataforma ecologista, que resultaría multimillonaria, que cubra los posibles daños y perjuicios.